Son aquellas situaciones en que el legislador se limita simplemente a nombrar el delito, sin especificar con claridad en qué consiste el comportamiento delictivo. Por ejemplo, así sucede en el delito de aborto, en el que el legislador simplemente dice: “el que causare un aborto”. Art. 342 y ss.
En estos casos no queda precisamente determinada cuál es la conducta que se sanciona, lo que atenta contra el principio de legalidad (por ej. qué se entiende por aborto).