Se afirma que el derecho penal objetivo es de derecho público, debido a que corresponde sólo al estado de manera exclusiva y excluyente, la función de declarar delictivos ciertos hechos, establecer las correspondientes penas, imponerlas y ejecutarlas.
La función de crear delitos y establecer las penas y medidas de seguridad aplicables la realiza el Estado en virtud de la ley, y sólo por la ley en nuestro ordenamiento jurídico.
Dispone el Art. 19 N°3 inc. 8° (ex 7°) y 9° (ex 8°) de la CPE. Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado.
Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella.
El Estado impone las penas a través de sus órganos jurisdiccionales (Tribunales de Justicia) Art. 73 de la CPE.
La función de ejecutar las penas una vez impuestas es entregada exclusivamente a los servicios penitenciarios, en Chile a través Gendarmería.